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La gestión de los impagados resulta uno de los temas más importantes para los inversores en crowdlending.

Casi con toda seguridad, una de las mayores preocupaciones de cualquier inversor, más allá de la rentabilidad económica que puede obtener por la misma, es saber qué pasará si ésta, finalmente y por circunstancias sobrevenidas, resulta fallida. Pudiendo darse el caso que  la cantidad a recuperar sea inferior a la invertida.

Como es lógico pensar, ninguna inversión está exenta de tales riesgos. Debe ser una máxima que siempre se ha de tener  presente, la posibilidad del beneficio cero o negativo.

Cuando decidimos invertir en proyectos publicados en una plataforma de financiación participativa (en adelante, PFP), sabemos de antemano que no estaremos expuestos a los vaivenes de los mercados financieros. En las condiciones que pactamos con el promotor del proyecto de financiación participativa, se fija el tipo de interés con el que se remunerarán nuestras inversiones. El riesgo que asumimos es otro: dado que nuestras inversiones a través de la plataforma están destinadas a la financiación a terceros, dependemos, en cierto modo, de que estos promotores satisfagan el préstamo solicitado y concedido a través de la misma.

Digamos que el factor determinante del éxito de la inversión, es la devolución, por parte del promotor, de la cantidad prestada.

Por ello, hacemos especial hincapié en los tres pilares fundamentales en los que estas PFP intentan evitar, en lo posible, el impago del préstamo por parte de los promotores, de los prestamistas:

En primer lugar, el hecho de que la plataforma filtre los proyectos que ofrece a los inversores, procediendo a los oportunos análisis de riegos, no sólo del proyecto en sí, sino de la capacidad de reembolso del promotor.

En segundo lugar, porque desde las PFP se hace especial énfasis en que los inversores conozcan, y elijan, el proyecto al que va dirigida su inversión, del que se da cumplida información a través de las webs de las PFP, y son ellos los que deciden cuánto y a qué proyecto va destinada la inversión.

Finalmente, establecen canales de comunicación entre promotores e inversores. Todo ello porque, de la viabilidad de los mismos dependerá, casi directamente, el éxito final de la inversión; excluyendo el factor suerte, que también influye, una inversión satisfactoria está conectada, en cierto modo, con el proyecto a financiar.

Con todo, y ya lo hemos dicho, cuando estamos hablando de invertir capital en cualquiera de sus modalidades, no existe el riesgo cero; es más, forma parte del círculo: si no arriesgo, no gano.

Aunque no es un escenario para nada deseable, es posible que se produzcan impagos en los citados préstamos, situación que, a la larga, puede conllevar  la pérdida de todo o parte de la inversión efectuada. En tales supuestos, la gestión del impagado del préstamo será competencia de la PFP, tal y como se prevé legalmente en el artículo 51 de la Ley 5/2015, de 27 de Abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, por el que se dispone que los inversores, al suscribir con la PFP el correspondiente reglamento de funcionamiento de la misma, aceptan el mandato representativo de la misma en toda clase de acciones judiciales y/o extrajudiciales para la reclamación de las cantidades que se les adeuden.

Constatado, por tanto ese impagado, será la PFP la que, haciendo uso de ese mandato representativo suscrito por los inversores, proceda a la liquidación de las cantidades pendientes de abono por parte del promotor del proyecto financiado,  reclame el pago de la cantidad adeudada al mismo, primero de forma amistosa y, en última instancia, judicialmente y asuma, también, los gastos derivados de la asistencia jurídica y la representación procesal.

Llevando las actuaciones judiciales hasta la satisfacción total de la deuda con la realización si fuere necesario de los bienes de los promotores deudores, tras la obtención de un titulo judicial que les condene al pago.

El primero de los hitos en la gestión del impagado del préstamo por parte de los promotores, es la reclamación extrajudicial de la cantidad adeudada.

Dicha cantidad impagada se liquidará conforme a los pactos establecidos entre el promotor, que se convierte en deudor, y los inversores a través de la PFP.

Estos pactos comprenden entre otros y a lo que aquí interesa, el vencimiento anticipado del préstamo, con lo que se le requiere al pago del resto de la cantidad prestada, a la que se añaden los correspondientes intereses pactados (ordinarios y de demora), así como los gastos y comisiones, conforme al contrato suscrito. Esta reclamación extrajudicial se debe realizar de forma que pueda haber constancia de la recepción de la misma, por lo que se envía mediante  burofax.

Caso de que el promotor-deudor atienda el requerimiento, aquí finalizará la gestión del impagado.

En caso contrario, la PFP podrá instar la vía judicial. El requerimiento previo de pago a través del burofax servirá para acreditar la buena fe de la PFP en representación de los inversores y evitar así una hipotética condena en costas en el procedimiento judicial que se inste para la reclamación de la deuda.

La segunda de las vías, la judicial, es, por tanto, subsidiaria de la primera.

Constatado que el promotor-deudor no ha atendido al requerimiento extrajudicial de pago, es decir, demuestra que no tiene voluntad de pagar la cantidad adeudada, a la PFP no le queda más opción, que acudir a la vía judicial para obtener un título que condene al pago al promotor-deudor.

Por rapidez, efectividad y costes, lo normal es instar un requerimiento judicial de pago, lo que se conoce como petición inicial de procedimiento monitorio.

Éste es un procedimiento sencillo, en el que únicamente debe acreditarse la existencia de la deuda y del documento en el que se funde la misma (en este caso, el contrato de préstamo entre la PFP en nombre de los inversores  y el promotor-deudor). El promotor-deudor será requerido judicialmente por un plazo de veinte días, en el que puede: pagar (con lo que el procedimiento se archiva, previa entrega del dinero a la PFP en representación de los inversores), oponerse a la petición planteada o bien, no pagar ni oponerse.

Si no paga ni se opone, se obtiene el titulo judicial que nos permite embargar bienes de los promotores-deudores y con la realización de los bienes embargados, satisfacer la deuda, más intereses y costas.

Para el caso de que el promotor-deudor se oponga, se iniciará el procedimiento declarativo que corresponda en función de la cuantía. Ello supondrá, inevitablemente, la dilatación en el tiempo de la recuperación de la inversión; pero, en cualquier caso, la finalidad es la misma: obtener un pronunciamiento judicial favorable que nos permita la ejecución del mismo y, en definitiva, la satisfacción de la deuda.

Y da igual, que el promotor-deudor no tenga solvencia presente, podrá tenerla en un futuro, lo cual es importante resaltarlo porque, las ejecuciones terminan con la completa satisfacción del deudor.

Con la obtención de una resolución favorable con fuerza ejecutiva, la PFP puede instar el procedimiento de ejecución. Su esencia es la realización forzosa de los bienes de los que fuere titular el promotor-deudor para satisfacer la deuda contraída con la PFP y, por ende, con todos y cada uno de los inversores.  La realización de estos bienes exige, previamente, como para la recuperación de cualquier deuda, el embargo o traba de los mismos.

Si dicho embargo lo es respecto de cantidades líquidas, tales como los depósitos en cuenta o las devoluciones reconocidas a su favor por la AEAT, éstas se consignarán en la cuenta del Juzgado, haciéndose pago con las mismas a la PFP, en su condición de demandante, la cual irá reintegrando las cantidades a los inversores en función de su participación en la financiación.

Lo mismo ocurrirá cuando se embargue la parte proporcional del salario, caso de que el promotor-deudor sea persona física y reciba una prestación económica por su trabajo. Si lo que embargamos son bienes muebles o inmuebles, el proceso hasta la realización forzosa de los mismos, se alarga un poco más, dado que se requiere, previamente, la valoración de los mismos y,  el señalamiento y celebración de subasta respecto de éstos.

La plataforma de crowdlending asume la gestión de los impagados: plantea la mejor estrategia para su reclamación.

En todo caso, con lo que nos tenemos que quedar, realmente, es con la idea de que es la PFP la que asume la gestión de los impagados derivados de una operación de este tipo: plantea la mejor estrategia para su reclamación y sufraga los gastos derivados de la misma. Dicha gestión, por supuesto y como no puede ser de otra manera, se hará siempre en beneficio de los inversores. Estos, únicamente quedarán a resultas de dicho procedimiento judicial y del éxito de la ejecución.

Desde las PFP nos gustaría poder garantizar, no sólo la inexistencia de impagados, sino, caso de producirse éstos, el éxito de la reclamación de la deuda, bien extrajudicialmente o a través del correspondiente procedimiento judicial y de la ejecución subsiguiente; pero, si que podemos decir que es la PFP la que pone en marcha la maquinaria judicial en defensa de los intereses de los inversores.

No estamos exentos de perder la inversión, porque, pese a todos los filtros, los promotores pueden encontrarse, finalmente, en una situación de insolvencia sobrevenida, pero será la PFP la que agote todas las posibilidades para el retorno de la inversión realizada.

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