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¿Cómo funciona el crowdlending en España?

El crowdlending en España está regulado por el Reglamento (UE) 2020/1503, que dispone la normativa sobre los servicios de financiación participativa europeos y sus proveedores.

Crowdlending en España

El crowdlending es una forma de financiación alternativa que permite a personas o empresas obtener préstamos directamente de un grupo de inversores, sin necesidad de recurrir a los bancos tradicionales. En España, el crowdlending está regulado por el Reglamento (UE) 2020/1503, del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas.

Regulación actual del crowdlending en España

Marco legal normativo

Desde el 10 de noviembre de 2021 los servicios de financiación participativa europeos y sus proveedores se rigen por el Reglamento (UE) 2020/1503, sustituyendo la normativa española anterior: la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

El Reglamento tiene como objetivo establecer una normativa común para la prestación de servicios de financiación participativa, la organización, autorización y supervisión de los proveedores de dichos servicios, así como impulsar la normativa relativa transparencia y comunicaciones publicitarias de los servicios de financiación participativa.

Requisitos legales de las plataformas

De acuerdo a la normativa establecida, los proveedores de servicios deben cumplir con una serie de requisitos y estándares en sus plataformas de crowdlending:

  • Deben estar autorizados para proveer el servicio por órganos oficiales, tales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  • Actuar de manera íntegra, justa y profesional, priorizando siempre los intereses de sus clientes.
  • Garantizar un nivel mínimo de evaluación sobre los promotores de los proyectos que buscan financiación.
  • Mantener la eficacia y transparencia en los procedimientos de gestión de reclamaciones de clientes, así como resolverlos de manera rápida y justa.
  • Cumplir con la normativa para impedir que surjan conflictos de interés, como la prohibición de invertir en ofertas dentro de sus propias plataformas o aceptar proyectos de promotores relacionados con directivos y socios de la plataforma.
  • Se tomarán las medidas necesarias para evitar riesgos cuando se deba externalizar alguna función.
  • Cumplir con las salvaguardias prudenciales específicas establecidas para esta actividad, establecidos en el Artículo 11.
  • Proporcionar anualmente a las autoridades nacionales una lista confidencial de los proyectos financiados a través de sus plataformas.
  • Conservar registros de servicios y transacciones durante un mínimo de cinco años, asegurando la trazabilidad y cumplimiento normativo.

Protección de inversores

Con el objetivo de proteger a los inversores, se establecen una serie de medidas que exigen a los proveedores de servicios de financiación participativa:

  • Garantizar la claridad, imparcialidad y veracidad de toda la información y materiales publicitarios de manera que no induzcan a error.
  • Publicar anualmente las tasas de incumplimiento o impago de los proyectos de financiación participativa en sus plataformas basadas en los préstamos durante al menos los tres años anteriores
  • Presentar una declaración de resultados dentro de los cuatro meses posteriores al final de cada ejercicio
  • Evaluar la idoneidad de sus servicios para posibles inversores no profesionales y conceder un período de cuatro días de reflexión como paso previo a autorizar el acceso completo para invertir en proyectos de inversión participativa.
  • Permitir el acceso a los posibles inversores de una ficha con los datos fundamentales del proyecto de inversión, así como una advertencia sobre los posibles riesgos financieros.

Obligaciones de transparencia para las Plataformas

En aras de la transparencia en las plataformas de crowdlending, en primer lugar, estas plataformas deberán formar parte del registro público de proveedores autorizados de servicios de financiación participativa creado por la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM).

Finalmente, los proveedores de servicios de financiación participativa deben mantener todos los registros necesarios en relación con sus servicios y sus operaciones, así como ofrecer a sus posibles inversores toda la información y riesgos relacionados con cada uno de los proyectos.

Fiscalidad del crowdlending en España

La fiscalidad del crowdlending en España se regula de acuerdo con el artículo 25 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según la cual los intereses obtenidos a través de crowdlending tributan como rendimiento del capital mobiliario.

En España, la fiscalidad del crowdlending se aplica al conjunto total de beneficios obtenidos de las inversiones realizadas en el mismo año fiscal, no de cada inversión individual. Además, la fiscalidad que se aplica es progresiva:

  • Para beneficios inferiores a 6000 €, el tipo impositivo es del 19%
  • Para ganancias entre 6.000 € y 50.000 €, el tipo impositivo será del 21%
  • Para beneficios mayores a 50.000 €, el tipo subirá al 23%.